29 de junio de 2024

Una obra implacable: La historia de dos muertes y catorce familias sin hogar

Se suele pensar que una casa es un lugar seguro. Un fuerte que nadie puede derribar. Un espacio cuyas paredes tienen la capacidad de repeler las cosas malas del afuera. Sin embargo, esas paredes que se supone están ahí para proteger, repentinamente pueden convertirse en una amenaza.

Eso fue lo que les sucedió a 14 familias que vivían en la Avenida Pedro Goyena al 500, en el barrio porteño de Caballito. La medianera que los separaba de una obra en construcción cayó sobre su propiedad, en consecuencia, se quedaron sin hogar y dos de sus vecinos fallecieron aplastados por esas paredes que antes los amparaban.

Cuando ocurrió la tragedia, el pasado jueves 8 de febrero al mediodía, la obra lindera estaba en proceso de excavación. Mab Inversiones es el nombre de la empresa constructora que estaba encargada de llevar a cabo el proyecto, tenían previsto construir un edificio de 10 pisos y 2 subsuelos en la parcela en donde antes había una clínica médica.

La demolición del sanatorio inició el 29 de noviembre de 2022. Y desde esa fecha, empezaron los problemas: vecinos del ph lindero evidenciaron daños en sus propiedades. Una de las primeras damnificadas fue Ingrid Vadalá quien el mismo día del inicio de la demolición, vio rajaduras y pinturas saltadas en las paredes y techos de su departamento.

Grietas en el departamento de Vadala

Sin embargo, las viviendas no fueron las únicas afectadas. El complejo de departamentos compartía un pasillo a cielo abierto que desembocaba en la calle. Debido a la falta de medidas de seguridad, el polvillo de la construcción flotaba hacia ese pasillo por lo que a una de las vecinas le ingresaron partículas en un ojo que le ocasionaron un traumatismo.

Las quejas fueron tales que, desde el inicio de la obra hasta la fecha del derrumbe, hubo 30 denuncias en total. Y si bien el gobierno iba a inspeccionar la obra y la vivienda lindera a través de los profesionales de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), nunca decidieron frenar la construcción.

Es posible afirmar que el gobierno hizo lo que las reglamentaciones vigentes lo obligaban a hacer, sin embargo, ese accionar "activo" se encuentra en un límite inestable. El viernes anterior al derrumbe, María Cecilia Vicente, una de las propietarias de las edificaciones linderas, llamó al 103 (el número telefónico de Defensa Civil) para que alguien vaya a inspeccionar por miedo a un derrumbe inminente. Pero nunca apareció nadie.

Esta misma propietaria había realizado también una medida de no innovar, es decir, un pedido ante la justicia para que parara la obra por peligro inminente de derrumbe. Sin embargo, el Tribunal 3 decretó que los organismos técnicos estatales eran más idóneos para realizar tal tarea en comparación del Poder Judicial. El rechazo fue notificado el mismo día en el que sucedió el derrumbe.

El 5 de diciembre de 2023, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obra (DGFyCO) llevó a cabo la última inspección anterior al derrumbe, que correspondía al 50% de la excavación. En ella se realizó una observación curiosa: la memoria de excavación era diferente a la presentada anteriormente. A lo que se requirió presentar en la mesa de atención virtual de la AGC una nueva memoria de excavación que sea acorde a cómo estaban ejecutando los trabajos. Es decir, la empresa constructora trabajó de manera distinta a la notificada al gobierno y este último, en vez de sancionar, pidió que presentaran una actualización. Esto permite inferir que el sistema actual habilita las modificaciones sobre la marcha de planos previamente aprobados.

Por otro lado, un informe realizado por la consultora Design System Consulting luego de que ocurriera el derrumbe, caracterizó a la obra como "clandestina no autorizada" y además, afirma que el derrumbe fue ocasionado por múltiples factores que actuaron en conjunto.

En primer lugar, la demolición fue hecha sin consideración sobre cómo los golpes y vibraciones afectarían a los edificios linderos y fue justamente durante la demolición que empezaron las denuncias. Además, los daños causados durante esta etapa aumentaron con la excavación del primer subsuelo.

Por otro lado, la técnica utilizada para hacer la submuración no resultó adecuada. El ph llegaba hasta la línea medianera y no tenía subsuelo. La obra lindera, en cambio, tenía pactada la construcción de dos subsuelos. Por lo tanto, al excavar para realizar los subsuelos, se extrajo tierra que le servía de base al ph. Para evitar que los edificios linderos se derrumben, se excava de a poco pozos que no llegan a la profundidad del subsuelo (submurales) y que se alternan cada determinados metros. Luego, se realiza el encofrado en la pared del submural, es decir, la puesta de una estructura para su posterior relleno con cemento. Mientras que en tales paredes subterráneas se seca el hormigón, para que este no se salga del molde, se colocan apuntalamientos que lo sostienen. En este caso, la obra utilizó apuntalamientos diagonales que si bien resultan más económicos, no son los más efectivos. Además, los apuntalamientos también necesitan ser encofrados y hormigonados, pero esto se realizó varios días después de haber hormigonado los submurales.

Otra causa fue la acumulación de agua causada por el desacople y la rotura de los caños de desagües cercanos a la pared medianera. El agua que perdían estos caños podía verse en la obra en forma de charcos, y como el ph no tenía subsuelo, ese agua ablandó la tierra que le servía de base.

Cabe aclarar que el ph había sido construido hacía aproximadamente 70 años. Y si bien podría suponerse que la rotura de las cañerías se debió a malas condiciones por antigüedad, esto no fue así. Otro informe técnico realizado por PROCOYM antes del derrumbe asegura que los caños estaban en perfectas condiciones. Por lo tanto, estos se descalzaron luego de que comenzara la obra debido a los movimientos en el suelo ocasionados por los trabajos de construcción.

Por último, está la cuestión de la excavación. Para el momento del derrumbe, la excavación realizada difería enormemente de lo que se había aprobado inicialmente. En el plan original había un primer subsuelo para estacionamiento y un segundo subsuelo más pequeño para colocar maquinaria. De acuerdo con el informe, el segundo subsuelo fue excavado de más, ya que este ocupaba "la superficie de la Parcela hasta la Línea Municipal de Edificación".

La falta de cuidado no solo era hacia las edificaciones contiguas, hay indicios de que se trabajaba bajo condiciones insalubres en la obra. En una foto se puede ver el baño químico que usaban los obreros. Este se sostenía apenas por estar colocado sobre dos maderas angostas en lo alto de un pozo, lo cual demuestra no solo una falta de profesionalidad sino de consideración por la vida.

Sobre el sistema actual de inspecciones

Muchos se han posicionado en contra del actual sistema de inspección. A través de la aprobación de varias leyes, y de los nuevos códigos (urbanístico y de edificación), ha ocurrido una flexibilización en el control que ejerce el gobierno en las obras. Esto  se debe a que en 2014 se desmanteló el sistema que funcionaba hasta ese momento, el Registro de Profesionales Verificadores de Obra (PVO), para que las inspecciones pasarán a ser realizadas por la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

El PVO establecido en el año 2000 buscaba reemplazar a los inspectores con sospecha de corrupción mediante un registro de profesionales de la construcción independientes que verificaban las obras que el gobierno de la ciudad les encargaba. Además de que eran ajenos al gobierno, se aseguraba su imparcialidad porque: la designación de las inspecciones se realizaba por sorteo, cada verificador realizaba solo una visita por obra, y los profesionales tenían que acreditar una declaración jurada que afirmara la inexistencia de vínculos con los propietarios o constructores. Eso cambió con la gestión del entonces jefe de gobierno Mauricio Macri, cuando se reemplazó el PVO por un sistema centralizado llevado a cabo por la AGC.

Otro aspecto criticado del sistema actual es que la presencia permanente de responsables técnicos en las etapas de excavación y demolición no es obligatoria, si estos presentan informes del avance de forma periódica en un sistema digital. Cuando se realizó esta modificación en 2019, el entonces director general de la DGFyCO, Osvaldo Alonso, sostenía que la presencia constante era un "exceso de celo". Además de incluir este cambio, el nuevo Código de Edificación dispone que el gobierno tiene la facultad pero no la obligatoriedad para inspeccionar las obras. Tales disposiciones se encuentran reguladas ya no por ley, sino por Reglamentos Técnicos, por lo que el Poder Ejecutivo puede realizar modificaciones sin necesidad de dialogar con el Poder Legislativo.

A pesar de que estos cambios se hayan hecho con la justificación de traer eficiencia y eficacia, los hechos actuales contradicen la mejoría que supuestamente conlleva este nuevo sistema. Pues en este año, en menos de un mes, sucedieron tres derrumbes que provocaron cuatro muertes.

Jonatan Baldiviezo, abogado especialista en derechos urbanos y fundador del Observatorio de la Ciudad, sostiene que como mínimo recibe un llamado por día de personas preocupadas por los impactos negativos que genera la construcción en Caba.

Sin duda, esta dudosa "protección" por parte del gobierno sumada a la carrera inmobiliaria que se estuvo gestando estos años en la capital porteña, supone un estado de alerta. Es necesario recordar que el gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, tal como lo proclama el artículo 34 de la constitución de CABA: "La seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado y es ofrecido con equidad a todos los habitantes".